De supervisar a todos los CASP a centrarse en los más grandes
La Comisión Europea propuso el 4 de diciembre de 2025 trasladar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) la autorización, el seguimiento y la supervisión directa de los proveedores de servicios de criptoactivos, los llamados CASP. La idea era sencilla sobre el papel: si una empresa puede prestar servicios en distintos países con una autorización MiCA, el supervisor también debería tener una visión europea del negocio.
El Consejo de la UE ha rebajado ese planteamiento. El 9 de octubre de 2026 acordó los elementos principales de su posición negociadora y planteó que solo los proveedores transfronterizos más significativos queden bajo supervisión directa de ESMA. El resto seguiría dependiendo de las autoridades nacionales. No es todavía una norma aprobada: el Parlamento Europeo sigue tramitando su posición y después tendrán que llegar los trílogos.
El detalle importa. MiCA ya considera significativo a un CASP que alcance una media de al menos 15 millones de usuarios activos en la Unión durante un año. El texto de compromiso del Consejo añade una vía alternativa: cumplir al menos tres de cinco criterios, entre ellos superar un millón de usuarios activos, custodiar más de 1.000 millones de euros en criptoactivos o ejecutar más de 4.000 millones de euros en operaciones de clientes en la UE, además de dos pruebas de interconexión con otros proveedores o con el sistema financiero.
Una licencia europea no garantiza una supervisión idéntica
MiCA creó un marco común, pero la autorización sigue pasando hoy por supervisores nacionales. Una empresa autorizada en un Estado miembro puede utilizar el pasaporte europeo para prestar servicios en otros países. En España, desde el 1 de julio de 2026 solo pueden operar proveedores autorizados bajo MiCA por la CNMV o por otra autoridad competente de la UE.
Ese sistema funciona mejor si las autoridades aplican criterios comparables. Ahí está el problema que Europa intenta corregir. En julio de 2025, ESMA revisó una autorización concedida en Malta y concluyó que algunos asuntos materiales seguían sin resolverse y que varias áreas de riesgo no se habían evaluado con suficiente profundidad. No significaba que todas las licencias maltesas fueran deficientes, pero sí dejó una señal clara: un pasaporte único necesita puertas de entrada suficientemente homogéneas.
Para el usuario, esto no es una discusión administrativa sin consecuencias. La entidad jurídica con la que contrata determina quién la supervisa, qué servicios están cubiertos y qué autoridad puede intervenir si aparecen incumplimientos. Por eso conviene distinguir entre la marca comercial y la empresa concreta que presta el servicio y entender qué es un exchange de criptomonedas y qué debe revisarse antes de utilizarlo.
Más ESMA no significa necesariamente un solo supervisor
Centralizar parte de la vigilancia tampoco elimina por sí sola las duplicidades. Los grandes grupos cripto pueden combinar servicios sujetos a MiCA con actividades de inversión, pagos o emisión de dinero electrónico. Eso puede colocar distintas partes del negocio bajo marcos y autoridades diferentes, incluso cuando el cliente percibe una única plataforma.
El caso de USDC muestra que la supervisión compartida ya existe dentro de MiCA. La Autoridad Bancaria Europea clasificó el 14 de octubre a USDC, emitida en la UE por Circle Internet Financial Europe, como el primer token de dinero electrónico significativo. Desde el 12 de noviembre de 2026, la EBA asumirá directamente materias como fondos propios, reservas, liquidez y planes de recuperación y reembolso, mientras el supervisor francés ACPR seguirá controlando cuestiones como gobernanza, participaciones significativas, externalización y conflictos de interés.
Eso no significa que la supervisión dual sea necesariamente peor. Puede tener sentido cuando cada autoridad controla un riesgo distinto. El problema aparece cuando dos supervisores revisan la misma actividad con criterios diferentes, o cuando una frontera poco clara deja huecos entre ambos. La propuesta del Consejo intenta conservar la experiencia nacional y concentrar a ESMA en los operadores más relevantes, pero tendrá que demostrar que ese reparto reduce, y no multiplica, esas zonas grises.
Qué cambia ahora para quien utiliza un exchange en España
A corto plazo, nada cambia en la licencia de tu exchange por esta reforma. La posición del Consejo es todavía parte de un procedimiento legislativo. El Parlamento Europeo figura, a 28 de octubre de 2026, a la espera de una decisión de su comisión competente sobre el expediente. Solo después podrá negociarse un texto común con el Consejo y la Comisión.
Lo que sí está plenamente operativo es MiCA. En España, un proveedor debe estar autorizado por la CNMV o por otra autoridad europea competente para prestar servicios con pasaporte en el país. Antes de depositar fondos, la comprobación útil sigue siendo la misma: revisar la entidad contractual y verificar que aparece en los registros oficiales. La regulación mejora obligaciones de organización, transparencia y protección, pero no convierte la custodia en una garantía ni elimina el riesgo operativo, de mercado o de ciberseguridad. En Finantres explicamos también los riesgos de invertir en criptomonedas que MiCA no elimina.
La clave de esta reforma no es decidir si ESMA es “mejor” que un supervisor nacional. Es saber si Europa consigue que una empresa que opera en varios países esté sometida a controles coherentes y con responsabilidades claras. Hasta que el Parlamento fije su posición, los puntos a vigilar son los umbrales que determinarán qué CASP pasa a ESMA y cómo se coordinará esa vigilancia con los supervisores nacionales.
