Qué significa realmente que una criptoempresa obtenga un charter bancario
El conflicto nace de una figura muy concreta: el national trust bank charter, una carta federal para bancos fiduciarios nacionales supervisados por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Según la demanda presentada el 2 de octubre en Washington, el regulador ha aprobado o aprobado de forma condicional 21 de estas entidades durante la actual Administración, y al menos 13 estarían vinculadas al sector cripto.
Eso no equivale a decir que trece exchanges hayan pasado a ser bancos comerciales al uso. En diciembre de 2025, por ejemplo, el OCC concedió aprobaciones condicionales a First National Digital Currency Bank, impulsado por Circle; Ripple National Trust Bank; BitGo; Fidelity Digital Assets y Paxos. Después llegaron otros expedientes, entre ellos Bridge, Crypto.com y Coinbase. Los estados tampoco son idénticos: el banco de Circle terminó cumpliendo los requisitos previos y su charter se hizo efectivo el 24 de julio de 2026, mientras otras entidades continúan en fases condicionales.
La diferencia importa para el usuario. Un banco fiduciario nacional puede centrarse en custodia, administración de activos, infraestructura de pagos o determinadas actividades relacionadas con stablecoins, dependiendo de su autorización. No debe confundirse automáticamente con un banco que capta depósitos minoristas y presta dinero, ni con una garantía de que los criptoactivos estén cubiertos por el seguro federal de depósitos. Coinbase, por ejemplo, ha explicado que su filial fiduciaria no pretende aceptar depósitos minoristas ni operar como un banco comercial tradicional.
La demanda intenta tumbar la regla que abrió la puerta
La Independent Community Bankers of America (ICBA), que representa a miles de bancos comunitarios, demandó el 2 de octubre al OCC y a su máximo responsable, Jonathan Gould, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El pleito no cuestiona solo una autorización concreta: ataca el marco jurídico que el regulador está utilizando para conceder estos charters.
En concreto, ICBA pide anular la regla final de National Bank Chartering, publicada el 2 de marzo de 2026 y efectiva desde el 1 de abril, además de la Interpretive Letter 1176 de enero de 2021. La regla sustituyó referencias centradas en “actividades fiduciarias” por una formulación más amplia sobre las operaciones de una trust company y actividades relacionadas. El OCC sostiene que esa redacción aclara una autoridad que ya tenía desde hace décadas y que no amplía ni reduce sus poderes. ICBA sostiene justo lo contrario: que abre la puerta a bancos nacionales limitados que realizan actividades no fiduciarias sin asumir el mismo marco de un banco de depósitos.
La asociación también solicita que se deje sin efecto la aprobación de Protego y que se impida al OCC seguir utilizando esa regla y la carta interpretativa para conceder nuevos charters. Pero conviene separar demanda y sentencia: la presentación del caso no ha anulado por sí misma las aprobaciones existentes. ICBA está pidiendo al tribunal que adopte precisamente esas medidas, por lo que el conflicto sigue abierto.
Qué puede cambiar para usuarios e inversores, también fuera de Estados Unidos
Para las empresas cripto, conseguir un charter federal puede colocar bajo un único supervisor nacional actividades que antes dependían en mayor medida de estructuras estatales. Eso es relevante en negocios como la custodia institucional, la administración de reservas o la infraestructura de stablecoins. También ayuda a entender por qué varias grandes compañías del sector intentan acercarse al perímetro bancario estadounidense.
Para el inversor, la lectura debe ser más prudente. La palabra “banco” puede transmitir una protección que no siempre existe en el mismo grado. La pregunta práctica es qué entidad concreta custodia el activo, qué servicio presta, qué supervisor la controla y qué protección cubre realmente el saldo. En el caso de una stablecoin como USDC, que una empresa del grupo tenga un banco fiduciario federal no convierte el token en un depósito bancario asegurado.
Tampoco hay un traslado automático a España. Un charter del OCC es una autorización estadounidense y no sustituye las reglas europeas ni las autorizaciones que correspondan bajo MiCA. Desde julio de 2026, la CNMV recuerda que los proveedores que quieran prestar servicios de criptoactivos en España deben operar mediante una entidad autorizada por la CNMV u otra autoridad competente de la UE. Además, la propia CNMV insiste en comprobar qué entidad jurídica concreta presta el servicio, porque una autorización de otra empresa del mismo grupo no se extiende automáticamente al cliente.
La clave ahora está en el tribunal. Si ICBA logra que se anulen la regla de 2026 y la interpretación de 2021, la vía federal para nuevas entidades cripto podría estrecharse y algunas aprobaciones quedarían bajo presión. Si prevalece la interpretación del OCC, el banco fiduciario nacional seguirá ganando peso como puente entre activos digitales y banca regulada. Lo que no cambia es la necesidad de distinguir una autorización bancaria concreta de una garantía sobre el dinero o los criptoactivos del cliente.
