Un texto de 616 páginas que reúne dos frentes regulatorios
La nueva versión de la Digital Asset Market Clarity Act, vinculada al proyecto H.R. 3633, se presenta como una enmienda sustitutiva y agrupa en un único documento el trabajo realizado por los comités de Banca y Agricultura del Senado.
El texto dedica una primera división a la estructura de los mercados de activos digitales, una segunda a los intermediarios de materias primas digitales y una tercera a las normas éticas para cargos públicos. Su objetivo es reducir la actual división de competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, la CFTC.
El Comité de Banca aprobó su parte del proyecto por 15 votos frente a 9 el 14 de mayo de 2026, mientras que el Comité de Agricultura había avanzado anteriormente su propio bloque. La publicación del documento integrado acerca la propuesta al pleno, pero no significa que la ley esté aprobada, publicada oficialmente como norma ni en vigor.
Esta diferencia importa. Hablar de una ley “a punto de pasar” puede dar una impresión de certeza que todavía no existe. La legislación continúa expuesta a enmiendas, negociaciones políticas y una votación en la que previsiblemente será necesario reunir 60 apoyos para superar un posible bloqueo parlamentario. Las informaciones sobre una votación durante la semana del 27 de julio no habían quedado confirmadas en el calendario oficial del Senado al cierre de esta revisión.
La protección a los desarrolladores es importante, pero no es inmunidad
Una de las disposiciones más celebradas por la industria protege a determinados desarrolladores y proveedores de infraestructura que no controlan los fondos ni las transacciones de los usuarios.
El proyecto establece que un desarrollador “no controlador” no debe ser considerado un negocio de transmisión de dinero únicamente por crear o publicar software, facilitar herramientas de autocustodia o prestar infraestructura técnica. La clave está en que no tenga el derecho legal ni la capacidad unilateral para iniciar, modificar o ejecutar las operaciones realizadas por otras personas.
Esto puede reducir uno de los riesgos jurídicos que preocupan a quienes desarrollan wallets, protocolos descentralizados o herramientas de código abierto en Estados Unidos. Hasta ahora, parte del debate regulatorio ha girado en torno a si programar o mantener una interfaz podía someter al desarrollador a las mismas obligaciones que una empresa que custodia fondos.
Sin embargo, la protección no equivale a una inmunidad general por “escribir código”. El propio documento excluye las actuaciones realizadas con intención específica de transferir fondos procedentes de delitos o facilitar actividades ilícitas. Tampoco impide aplicar otras normas cuando la empresa o el desarrollador ejerzan un control real sobre el servicio.
Para el usuario, esta distinción entre código y control puede favorecer que algunos proyectos mantengan su actividad en Estados Unidos. Pero también obliga a mirar más allá de la etiqueta “descentralizado”: lo importante seguirá siendo quién controla las claves, quién puede cambiar el protocolo y quién tiene capacidad efectiva para bloquear o mover los activos.
La cláusula ética coloca los negocios cripto de Trump en el centro del debate
La tercera división prohíbe que determinados cargos o empleados públicos federales y sus cónyuges emitan o patrocinen un criptoactivo a cambio de una contraprestación mientras permanezcan en el cargo.
El concepto de patrocinio incluye financiar, organizar, respaldar públicamente un activo concreto o permitir que se utilice el nombre, la imagen o el cargo de la persona. Sin embargo, el texto distingue estas conductas de una aparición en un evento o de declaraciones generales favorables a los activos digitales. Además, los cargos públicos podrían continuar manteniendo criptomonedas como inversión, sujetos a las reglas existentes sobre declaración de patrimonio y conflictos de interés.
La oposición demócrata, encabezada en el Comité de Banca por Elizabeth Warren, considera que estas excepciones dejan abiertas vías para que Donald Trump siga relacionado con negocios como World Liberty Financial o la memecoin $TRUMP. También critica que la aplicación de esta sección quede reservada al fiscal general de Estados Unidos, sin acciones privadas ni intervención de los fiscales generales estatales. Son objeciones políticas atribuidas a los demócratas, no una conclusión jurídica definitiva sobre el alcance de la norma.
La cláusula contiene otro punto especialmente sensible: dejaría de tener efecto a mediodía del 20 de enero de 2029. Después de esa fecha no podrían imponerse responsabilidades bajo esta sección, incluso por determinadas conductas anteriores al vencimiento.
Además, las reglas no comenzarían a aplicarse al aprobarse el proyecto. Entrarían en vigor en la fecha más temprana entre 360 días después de la promulgación o 60 días después de que se publique la regulación correspondiente. Por tanto, si la ley termina aprobándose, el periodo real de aplicación podría ser considerablemente más corto que toda la legislatura.
Qué puede cambiar para exchanges, proyectos y usuarios
La CLARITY Act puede aportar más certeza sobre qué activos y actividades quedan bajo la SEC, cuáles pasan al ámbito de la CFTC y qué obligaciones deben cumplir exchanges, custodios y otros intermediarios estadounidenses. Para las empresas, conocer las reglas antes de lanzar un producto suele ser preferible a descubrirlas mediante una investigación o una demanda.
Eso no convierte automáticamente la noticia en “alcista”. Una mayor claridad regulatoria puede reducir incertidumbre, pero también puede elevar los costes de registro, información, vigilancia y cumplimiento. Tampoco garantiza que aumente la demanda de Bitcoin, Ethereum o las altcoins, ni demuestra que los precios vayan a reaccionar positivamente.
Para un lector residente en España, el efecto inicial sería principalmente indirecto. La propuesta es federal y estadounidense: no sustituye las normas europeas, no modifica por sí sola MiCA y no cambia las condiciones del contrato que un usuario español mantiene con una entidad europea. Quien utilice una plataforma puede consultar primero qué servicios ofrece realmente y comparar custodia, comisiones y jurisdicción en el comparador de exchanges de criptomonedas.
Sí podría haber consecuencias internacionales si grandes proyectos, proveedores de infraestructura o plataformas estadounidenses modifican su oferta. Estados Unidos continúa siendo un mercado importante para la liquidez y el desarrollo del ecosistema de criptomonedas, por lo que unas reglas federales más definidas pueden influir en dónde se crean productos y qué activos aceptan los intermediarios.
La clave ahora no está en interpretar el documento como una señal de compra. Está en comprobar cuándo se convoca realmente la votación, qué enmiendas llegan al pleno y si los republicanos consiguen los apoyos demócratas necesarios. Hasta que eso ocurra, la CLARITY Act sigue siendo una propuesta avanzada, no la nueva ley cripto de Estados Unidos.
