El CLARITY Act no superó el trámite que necesitaba 60 votos
El 15 de septiembre de 2026, el Senado de Estados Unidos votó una moción para cerrar el debate sobre la propuesta de proceder con H.R. 3633, el Digital Asset Market Clarity Act. El resultado fue 49 votos a favor y 50 en contra, insuficiente para alcanzar los 60 necesarios. Conviene afinar el lenguaje: no fue una votación final para aprobar o rechazar el contenido de la ley, sino un bloqueo procedimental que impidió que avanzara en ese momento.
El proyecto llevaba más de un año recorriendo el Congreso. La Cámara de Representantes lo había aprobado en julio de 2025 por 294 votos frente a 134, y el Comité Bancario del Senado lo había sacado adelante en mayo de 2026 por 15 a 9. Su objetivo es crear un marco federal para la estructura del mercado de activos digitales y delimitar mejor qué actividades quedarían bajo la SEC y cuáles bajo la CFTC.
La negociación se ha atascado en cuestiones que van más allá de una simple división entre partidarios y detractores de las criptomonedas. AP y Financial Times sitúan entre los puntos de fricción las reglas éticas relacionadas con intereses cripto de cargos públicos y el tratamiento de determinadas recompensas sobre stablecoins. Los defensores de la propuesta sostienen, por su parte, que aportaría mayor claridad jurídica y protecciones para los consumidores. Para entender por qué estos activos tienen riesgos propios, nuestra guía sobre stablecoins separa reservas, paridad y riesgo regulatorio.
La SEC ya ha empezado a actuar con la autoridad que tiene
Atkins había preparado el terreno antes de la votación. En un discurso del 14 de septiembre, el presidente de la SEC pidió al Congreso que avanzara el CLARITY Act, pero también dejó claro que la agenda regulatoria continuaría aunque la legislación no saliera adelante. Esa agenda, articulada alrededor de Project Crypto, incluye cambios sobre emisión, negociación, transferencia y custodia de activos digitales dentro de las competencias de la SEC.
La primera demostración llegó el 17 de septiembre. La SEC aprobó una exención temporal y condicionada durante cinco años para facilitar la negociación on-chain de determinadas acciones estadounidenses tokenizadas. El alivio permite que ciertos Tokenized Securities Venues operen bajo condiciones específicas, como límites sobre los valores y el volumen negociado, derechos equivalentes a los de las acciones tradicionales y la posibilidad de que el emisor se oponga a que sus títulos se negocien en uno de estos sistemas.
Esto no significa que la SEC haya sustituido al Congreso. En agosto, la Comisión propuso Regulation Crypto Assets, que incluye exenciones adaptadas para determinadas emisiones y un puerto seguro regulatorio, o safe harbor, destinado a aclarar cuándo termina un contrato de inversión relacionado con un criptoactivo que no sea por sí mismo un valor. La propuesta todavía no es una norma definitiva. Atkins también ha pedido desarrollar cambios sobre custodia de criptoactivos para asesores y fondos, mientras la SEC trabaja en modernizar las reglas de los agentes de transferencia.
Qué cambia para el inversor y qué sigue igual en España
Para quien sigue el mercado cripto, la consecuencia práctica es que Estados Unidos puede seguir modificando parte de su marco regulatorio incluso sin una nueva ley de estructura de mercado. Eso puede afectar a cómo se emiten algunos activos, qué productos pueden ofrecer determinados intermediarios regulados, cómo se custodian y hasta dónde puede avanzar la tokenización de instrumentos financieros tradicionales.
Pero conviene separar regulación de precio. Una exención, una propuesta normativa o un cambio en la clasificación jurídica de un activo puede modificar costes, acceso o riesgo legal; no demuestra por sí solo que Bitcoin, Ethereum o una altcoin tengan que subir o bajar. Antes de convertir cualquier noticia regulatoria en una tesis de inversión, es más útil comprobar qué se está comprando, quién lo emite y qué riesgos concentra. Nuestra guía sobre cómo analizar una criptomoneda profundiza en esos filtros.
Para un lector en España, además, las decisiones de la SEC no modifican directamente MiCA. El Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos mantiene su propio ámbito para emisores y proveedores que operan en la Unión Europea. Una decisión estadounidense puede influir en empresas globales, productos o liquidez, pero no sustituye las obligaciones aplicables en España. También conviene recordar qué riesgos de invertir en criptomonedas MiCA no elimina.
El límite de actuar sin una ley sigue siendo importante
La propia SEC reconoce esta diferencia. Atkins defendió en agosto que una legislación aprobada por el Congreso sigue siendo necesaria para conseguir reglas más duraderas y menos expuestas a cambios posteriores. La nueva exención sobre acciones tokenizadas, de hecho, es temporal y está sometida a condiciones mientras la Comisión recopila comentarios sobre posibles pasos adicionales.
Por tanto, el bloqueo del CLARITY Act no congela la regulación cripto estadounidense, pero tampoco resuelve de una vez la incertidumbre jurídica. Las agencias pueden seguir utilizando las competencias que ya les concede la legislación vigente, mientras que el Congreso conserva la capacidad de fijar mediante una ley un marco más estable para el reparto de responsabilidades.
Para el inversor, la clave está en distinguir qué medidas llegan a ser definitivas, a qué activos y empresas alcanzan y qué parte del marco puede volver a cambiar. Esta es una noticia regulatoria, no una señal de compra o venta: Estados Unidos sigue moviendo sus reglas, pero la certeza jurídica todavía se está construyendo.
