El Senado frena CLARITY, pero no cierra el debate
El 15 de septiembre, el Senado rechazó por 49 votos frente a 50 la moción de cloture necesaria para avanzar hacia el debate de la Digital Asset Market Clarity Act. Hacían falta 60 votos. El resultado deja la reforma atascada, aunque no permite decir que esté jurídicamente muerta: el senador Thom Tillis registró una moción para reconsiderar la votación.
La propuesta pretende construir un marco federal más estable para los activos digitales y delimitar las funciones de la SEC y la CFTC. La versión aprobada previamente por la Cámara contempla, entre otras medidas, un régimen para mercados e intermediarios de digital commodities bajo la CFTC y cambios coordinados con la SEC. Ese reparto importa porque buena parte de la regulación estadounidense sigue dependiendo de las competencias que ya tienen las agencias.
La paradoja es que el tropiezo legislativo llega en pleno despliegue electoral del sector. Fairshake, el gran super PAC centrado en política cripto, declaró ante la Comisión Federal Electoral 137,4 millones de dólares de ingresos entre enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, 88,7 millones de desembolsos y casi 113 millones de efectivo disponible al cierre de ese periodo. Al ser un comité de gasto independiente, ese dinero no equivale a donaciones directas a los candidatos.
El dinero cripto no va solo a los republicanos
Public Citizen, una organización de defensa del consumidor, calcula que las corporaciones cripto habían aportado 206 millones de dólares a super PAC y comités híbridos en el ciclo de 2026 hasta el segundo trimestre. Es la mayor cifra entre los sectores corporativos analizados por la organización, por delante de apuestas online y grandes tecnológicas. Su metodología utiliza datos de la FEC y OpenSecrets y, según la propia entidad, puede dejar fuera gasto canalizado a través de estructuras con menor transparencia.
Una parte relevante sí ha ido al entorno republicano y a grupos alineados con Trump. Public Citizen identifica 35 millones de dólares de Foris Dax, la entidad vinculada a Crypto.com, para MAGA Inc. hasta el primer trimestre. También registra 21,3 millones de Winklevoss Capital para Digital Freedom Fund y 4,4 millones de Gemini para MAGA Inc.; en el segundo trimestre, Gemini añadió otros 10 millones a este último super PAC.
Pero presentar todo el dinero cripto como financiación republicana sería incompleto. Ripple destinó 48,5 millones a Fairshake y Coinbase, sobre la que puedes consultar nuestro análisis de Coinbase, otros 33 millones, según Public Citizen. La propia organización describe el modelo de Fairshake como una estrategia que interviene en elecciones de ambos partidos.
Los registros de la FEC muestran además 32,45 millones de dólares en gasto independiente de Defend American Jobs y 25,25 millones de Protect Progress hasta el 31 de julio. FactCheck.org identifica al primero como el vehículo de la red que respalda candidatos republicanos y al segundo como el que apoya candidatos demócratas. Es decir, el objetivo principal del entramado es favorecer perfiles considerados próximos a los intereses regulatorios del sector, no financiar exclusivamente a un partido.
La clave está en distinguir apoyo político de compra directa de una decisión. Los datos demuestran que la industria está gastando cantidades muy elevadas para favorecer determinadas candidaturas y prioridades regulatorias. No demuestran por sí solos que una contribución concreta vaya a traducirse en una ley, un voto o una actuación regulatoria determinada. El bloqueo de CLARITY muestra precisamente que capacidad financiera y resultado legislativo no son lo mismo.
Trump mantiene una política favorable al sector, mientras continúa el debate ético
El sector tiene motivos objetivos para considerar a la Administración Trump más receptiva a los activos digitales. En enero de 2025, la Casa Blanca fijó como política apoyar su crecimiento y buscar mayor claridad regulatoria. En marzo de ese año, Trump ordenó crear una Reserva Estratégica de Bitcoin con BTC confiscado por el Gobierno federal.
Eso no permite atribuir una motivación única a cada donante. Sí ayuda a entender por qué las legislativas de 2026 son relevantes para empresas que llevan años reclamando reglas más previsibles. Al mismo tiempo, la relación del presidente con negocios cripto ha convertido la ética en una parte central de la negociación. La Oficina de Ética Gubernamental publicó el 30 de junio su declaración financiera anual certificada; Associated Press calculó a partir de la documentación que Trump declaró alrededor de 1.200 millones de dólares de ingresos vinculados a negocios cripto durante 2025.
Antes de la votación, Trump aceptó cambios adicionales en las reglas éticas incluidas en CLARITY. Aun así, varios senadores demócratas consideraron insuficientes esas salvaguardas, mientras los promotores republicanos del proyecto defendieron que el Congreso debe aportar un marco legal duradero y protecciones claras. Son posiciones políticas enfrentadas sobre el diseño de la norma y deben presentarse como tales.
Para un inversor en España, el efecto es indirecto pero relevante
La votación del Senado estadounidense no cambia la regulación aplicable en España. MiCA se aplica plenamente desde el 30 de diciembre de 2024 y, tras finalizar el periodo transitorio español, la CNMV señala que desde el 1 de julio de 2026 solo pueden operar en España los proveedores que hayan obtenido la autorización necesaria. Quien invierta desde España debe separar ese marco europeo de cualquier cambio político en Washington y seguir teniendo presentes los riesgos que MiCA no elimina.
Lo que sí puede cambiar es el entorno de grandes empresas, mercados y productos con fuerte presencia en Estados Unidos. Tras el bloqueo de CLARITY, la carga regulatoria inmediata vuelve a recaer en buena medida sobre la SEC, la CFTC y otras agencias dentro de sus competencias actuales. El 17 de septiembre, apenas dos días después de la votación, la SEC aprobó una exención temporal y condicionada para facilitar la negociación on-chain de determinadas acciones tokenizadas; su presidente, Paul Atkins, vinculó expresamente esa actuación con la falta de avance de CLARITY.
Para el lector, la conclusión es sencilla: mucho dinero político no equivale a certeza regulatoria. El sector cripto ha ganado peso como financiador electoral y una parte importante de ese capital se dirige al ecosistema republicano, pero la red de gasto también respalda candidatos demócratas y la principal reforma estadounidense de estructura de mercado sigue atascada. Ahora importa vigilar si el Senado reactiva CLARITY y qué reglas consolidan las agencias estadounidenses mientras tanto.
