El borrador prohíbe emitir o patrocinar tokens, pero conserva excepciones
La senadora republicana Cynthia Lummis publicó el 22 de julio una nueva versión de la Digital Asset Market Clarity Act, conocida como CLARITY Act. El texto fusiona el trabajo de los comités de Banca y Agricultura del Senado, pero sigue siendo una propuesta legislativa: todavía no es una ley en vigor.
La sección ética introduce una prohibición relevante. Los cargos públicos federales y sus cónyuges no podrían emitir ni patrocinar un activo digital a cambio de una contraprestación durante el mandato. “Patrocinar” incluye financiar, organizar o respaldar públicamente el lanzamiento de un token, así como permitir que se utilicen el nombre, la imagen, el cargo o la posición oficial para promocionarlo. Un intermediario tampoco podría listar un activo que incumpliese la prohibición.
La letra pequeña cambia la lectura. Aparecer en un evento organizado por el emisor o animar al uso de los activos digitales en general no se considera patrocinio. El borrador tampoco impide que un funcionario haga declaraciones o adopte decisiones oficiales sobre política cripto, ni que mantenga criptomonedas como inversión. La norma limitaría determinadas promociones remuneradas de tokens concretos, pero no separaría por completo al cargo público del mercado.
Las excepciones explican por qué los demócratas no dan su apoyo
El texto crea un puerto seguro para negocios anteriores al mandato. Un cargo público podría evitar la infracción si vende su “interés directo” o lo coloca en un fideicomiso ciego cualificado. La definición alcanza la tenencia del token y participaciones de al menos el 20% en una empresa que obtenga más del 50% de sus ingresos mediante la emisión o el patrocinio de activos digitales.
Además, el emisor podría seguir utilizando el nombre, la imagen o la identidad del cargo público en un proyecto preexistente, incluso para acuñar o vender nuevos tokens, una vez realizada la desinversión o transferencia al fideicomiso. La protección se extiende al funcionario y a su cónyuge, pero no incluye expresamente a sus hijos. Según los críticos, esto podría dejar margen para estructuras gestionadas mediante familiares, sociedades o acuerdos de licencia.
Siete senadores demócratas que habían negociado el proyecto afirmaron que el texto “se queda corto” y reclamaron reforzar las disposiciones sobre ética, protección del consumidor, finanzas ilícitas, conflictos de interés e integridad de mercado. Elizabeth Warren fue más lejos: sostiene que la propuesta dejaría sin tocar buena parte de los ingresos cripto de Trump y critica que solo el fiscal general de Estados Unidos pueda iniciar una acción civil. Esa exclusividad sí aparece en el borrador, que excluye a los fiscales estatales y a las demandas privadas.
También resulta controvertida la fecha de caducidad. Las reglas éticas dejarían de tener efecto al mediodía del 20 de enero de 2029 y, según la redacción publicada, después de ese momento no podrían imponerse sanciones por conductas anteriores al vencimiento. Los republicanos defienden que la prohibición alcanza a todos los cargos, incluido el presidente; los demócratas creen que las excepciones, el sistema de ejecución y la caducidad reducen su eficacia real.
El problema es también aritmético. El Senado cuenta con 53 republicanos y normalmente se necesitan 60 votos para cerrar el debate y evitar un bloqueo. Incluso si todo el grupo republicano apoyase la medida, serían necesarios al menos siete votos fuera de ese bloque. Por eso, la oposición pública de los demócratas que participaron en las negociaciones puede frenar su tramitación.
El tamaño del negocio de Trump convierte la ética en una cuestión de mercado
La Oficina de Ética Gubernamental publicó el 30 de junio la declaración financiera anual certificada del presidente. A partir de ese documento, Associated Press calculó que Trump obtuvo cerca de 1.200 millones de dólares en ingresos —no beneficio neto— de negocios cripto durante 2025, con más de 500 millones vinculados a World Liberty Financial y más de 600 millones a CIC Digital y la memecoin de su marca.
El equipo demócrata del Comité Bancario utiliza una estimación superior, de más de 1.400 millones de dólares. Las dos cifras no deben presentarse como equivalentes: proceden de cálculos distintos y la declaración financiera no permite conocer el beneficio final después de gastos, costes y participaciones de terceros.
La Casa Blanca rechaza que exista un conflicto de interés. Su posición es que los negocios se encuentran en un fideicomiso gestionado por los hijos del presidente y que Trump no participa en sus decisiones. El choque, por tanto, no está en si existen intereses económicos vinculados al sector, algo reflejado en la declaración, sino en si las salvaguardas propuestas bastan para impedir que la política pública y el beneficio privado se mezclen.
Este debate importa al inversor porque la CLARITY Act pretende establecer el reparto de competencias y las reglas aplicables a emisores, exchanges, intermediarios y mercados de activos digitales en Estados Unidos. El retraso prolonga un marco regulatorio todavía incompleto y puede condicionar las decisiones de empresas que operan globalmente. Pero no demuestra por sí solo que Bitcoin, Ethereum o la memecoin de Trump vayan a subir o bajar.
Para un inversor en España, la ley no cambia nada de forma inmediata
La CLARITY Act es una propuesta estadounidense. No sustituye a MiCA ni modifica las obligaciones de exchanges, custodios o emisores que prestan servicios en España y la Unión Europea. Para entender ese marco conviene separar esta disputa de la regulación de criptomonedas en España y MiCA, que determina qué debe comprobar un usuario español sobre autorización, custodia y protección.
Sí podría existir un efecto indirecto. Estados Unidos concentra empresas, capital y liquidez relevantes para el sector, de modo que una norma federal más clara podría cambiar la forma en que se clasifican tokens, se registran plataformas y se supervisan los mercados al contado. El retraso mantiene abiertas esas preguntas, pero no altera actualmente los derechos de un cliente español ni convierte en autorizado en la UE un servicio aprobado únicamente en Estados Unidos.
La conclusión práctica es sencilla: esta es una noticia regulatoria y de gobierno corporativo, no una señal de trading. Antes de exponerse a un token ligado a una figura política, conviene revisar quién lo emite, cómo se distribuyen los ingresos, qué derechos concede, qué liquidez tiene y qué conflictos de interés existen. La guía para empezar a invertir en criptomonedas ayuda a ordenar esas preguntas sin confundir notoriedad con valor.
La CLARITY Act solo avanzará si el Senado encuentra un acuerdo que combine reglas de mercado con límites éticos creíbles. Hasta entonces, lo confirmado es que el nuevo borrador prohíbe determinadas promociones remuneradas, pero también mantiene excepciones suficientemente amplias como para que una parte decisiva de los demócratas niegue su apoyo.
