La demanda apunta al marco legal, no a una prohibición del sector cripto
La Independent Community Bankers of America (ICBA) presentó el 2 de octubre de 2026 una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia contra la Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Su objetivo es cuestionar el marco que el regulador utiliza para conceder charters nacionales de trust bank, una figura bancaria federal de propósito limitado que varias compañías vinculadas a los activos digitales han solicitado.
El litigio se centra en dos piezas regulatorias. La primera es la Interpretive Letter 1176, del 11 de enero de 2021, donde la OCC sostuvo que un banco nacional limitado a las operaciones de una trust company puede realizar también determinadas actividades no fiduciarias. La segunda es la regla final publicada el 2 de marzo de 2026 y efectiva desde el 1 de abril, que modificó la normativa para referirse a las “operaciones de una trust company y actividades relacionadas”.
Aquí está el choque de fondo. La OCC sostiene que esa regla no amplía ni reduce su autoridad, sino que aclara una facultad que considera ya existente. La ICBA mantiene lo contrario: acusa al regulador de abrir una vía para que compañías que no funcionan como bancos de depósitos tradicionales obtengan un charter federal sin estar sometidas al mismo conjunto de requisitos que una entidad de depósito asegurada. Es importante separar ambas posiciones: esa es la tesis de la parte demandante, no una conclusión judicial.
Varias firmas cripto ya han recibido aprobaciones de la OCC
El caso llega después de varias decisiones relevantes del regulador. En diciembre de 2025, la OCC anunció aprobaciones condicionales para First National Digital Currency Bank, Ripple National Trust Bank, BitGo Bank & Trust, Fidelity Digital Assets y Paxos Trust Company. En abril de 2026, Coinbase National Trust Company recibió también una aprobación preliminar condicionada. Quien quiera entender mejor la plataforma puede consultar nuestro análisis de Coinbase.
La demanda pone un foco especial en Protego Holdings. El 13 de febrero de 2026, la OCC concedió aprobación preliminar condicionada para crear National Digital Trust Company, vinculada a Protego. La ICBA pide al tribunal que anule esa aprobación, además de impugnar la regla de 2026 y la carta interpretativa de 2021.
Hay un matiz que no conviene perder. En los de novo charters citados por la OCC, una aprobación preliminar condicionada no equivale automáticamente a la autorización final para comenzar a operar. Las decisiones sobre Ripple y Coinbase, por ejemplo, establecen requisitos previos antes de que la OCC permita el inicio efectivo del negocio. Por eso sería excesivo presentar todas estas decisiones como licencias bancarias plenamente operativas e idénticas entre sí.
Qué cambia para quien usa cripto y qué no cambia en España
Por ahora, la presentación de la demanda no revoca por sí sola los charters ni las aprobaciones concedidas. Tampoco supone que Estados Unidos haya prohibido a las compañías cripto entrar en el sistema bancario. El impacto real dependerá de lo que decida el tribunal sobre la legalidad de la regla, la Interpretive Letter 1176 y la aprobación de Protego.
Para el usuario, la cuestión más práctica está en no confundir la palabra “banco” con una protección automática de todos los activos. Un charter nacional de trust bank no convierte los criptoactivos custodiados en depósitos bancarios cubiertos por la FDIC. La entidad concreta, el tipo de custodia, el servicio contratado y sus condiciones siguen siendo determinantes. En servicios relacionados con monedas estables también conviene separar la supervisión de la entidad de los riesgos del propio activo, algo que explicamos en nuestra guía sobre stablecoins y sus riesgos.
Para un lector en España, el alcance jurídico es todavía más claro: esta demanda estadounidense no modifica MiCA ni concede autorización para prestar servicios de criptoactivos en la Unión Europea. MiCA establece su propio régimen de autorización para los proveedores que operan en la UE. Una empresa puede contar con un charter de la OCC en Estados Unidos y necesitar, al mismo tiempo, el permiso europeo correspondiente para atender a clientes de la Unión. Nuestro análisis sobre los riesgos que MiCA no elimina al invertir en criptomonedas amplía ese contexto.
La clave ahora es cuánto puede limitar un tribunal a la OCC
El asunto no gira principalmente alrededor del precio de Bitcoin, XRP o cualquier otra criptomoneda. La cuestión es más estructural: qué empresas pueden entrar en el perímetro bancario federal estadounidense, mediante qué figura jurídica y con qué supervisión. La ICBA quiere limitar la interpretación de la OCC; el regulador, en cambio, ha defendido que su autoridad para conceder este tipo de charters ya está respaldada por la legislación bancaria.
Una sentencia que invalidase la regla de 2026 o la Interpretive Letter 1176 podría alterar el camino utilizado por futuras solicitudes e incluso abrir nuevas disputas sobre autorizaciones concedidas. Pero ese escenario todavía es una posibilidad, no un hecho. La demanda acaba de comenzar y no debe confundirse con una sentencia, una prohibición general de las empresas cripto o una retirada automática de licencias.
Para el lector, la idea útil es sencilla: una etiqueta regulatoria no elimina el riesgo ni significa lo mismo en todas las jurisdicciones. Conviene distinguir aprobación preliminar de autorización final, charter bancario de seguro de depósitos y regulación estadounidense de autorización europea. Esas diferencias son precisamente las que este litigio acaba de colocar en el centro del debate.
