La respuesta corta: la CLARITY Act todavía no está en vigor
La Digital Asset Market Clarity Act, H.R. 3633, es una propuesta para crear una estructura regulatoria federal específica para los mercados de activos digitales estadounidenses.
La Cámara de Representantes aprobó su versión el 17 de julio de 2025 por 294 votos a 134. Después, el Senado elaboró un texto sustancialmente distinto. El Comité Bancario lo impulsó en mayo de 2026 y, el 14 de septiembre, se publicó un nuevo texto sustitutivo que combinaba el trabajo de los comités de Banca y Agricultura.
Ahí llega el matiz que se está perdiendo en muchos titulares: el 15 de septiembre de 2026 el Senado no rechazó la CLARITY Act en una votación final. Lo que fracasó, por 49 votos a 50, fue la cloture sobre la moción para proceder al proyecto, es decir, el paso necesario para avanzar hacia su consideración. El senador Thom Tillis presentó después una moción para reconsiderar esa votación, que seguía figurando como pendiente en el calendario del Senado publicado el 23 de septiembre.
Por tanto, la situación se resume así:
| Punto | Situación |
|---|---|
| ¿Es una ley vigente? | No |
| ¿La aprobó la Cámara de Representantes? | Sí, en julio de 2025. |
| ¿La ha aprobado el pleno del Senado? | No |
| ¿Qué ocurrió en septiembre de 2026? | Falló 49-50 una votación procedimental para avanzar el proyecto. |
| ¿Puede volver a tratarse? | Procesalmente sigue existiendo una moción de reconsideración; eso no equivale a que vaya a aprobarse. |
| ¿Cambia hoy la regulación de un inversor en España? | No. En la UE el marco relevante sigue siendo MiCA y el resto de normativa europea aplicable. |
Qué intenta aclarar realmente la CLARITY Act
El problema que intenta resolver no es si Bitcoin o las criptomonedas son «legales». Esa simplificación lleva por mal camino.
La cuestión central es cómo encajar distintos activos, transacciones y empresas cripto dentro del sistema financiero estadounidense. Hasta ahora, buena parte de la discusión ha girado alrededor de las competencias de dos organismos:
- La SEC (Securities and Exchange Commission), responsable de los mercados de valores.
- La CFTC (Commodity Futures Trading Commission), que supervisa, entre otros ámbitos, los mercados de commodities y derivados.
Esto importa especialmente con tokens emitidos para financiar el desarrollo de una red. Una misma realidad puede implicar un contrato de inversión en el momento de captar capital y, más adelante, un activo que se negocia de otra manera en un mercado secundario.
El último texto del Senado intenta separar mejor esas capas. Esa distinción es importante si ya conoces cómo funciona una blockchain: que un token utilice una blockchain no decide por sí solo qué legislación financiera se aplica.
La SEC conservaría una parte importante del terreno
El texto sustitutivo crea el concepto de ancillary asset —podríamos traducirlo como activo accesorio, aunque prefiero mantener el término inglés al hablar de la ley— para determinados network tokens cuyo valor depende de los esfuerzos empresariales o de gestión de su originador o de personas relacionadas.
La propuesta obligaría a la SEC a crear una denominada Regulation Crypto. Bajo ella, determinadas ofertas o ventas realizadas mediante un contrato de inversión podrían acogerse a una exención cualificada del registro tradicional de valores, pero no quedarían simplemente libres de obligaciones: existirían requisitos de información iniciales y semestrales y límites a la captación de capital. El Congressional Research Service señala un máximo agregado de 200 millones de dólares por originador bajo esta exención.
Aquí está una de las ideas más interesantes de todo el proyecto: la operación utilizada para distribuir un token y el token en sí no necesariamente recibirían el mismo tratamiento.
Eso puede cambiar bastante la situación de proyectos que realizan una ICO o una venta inicial de tokens. El objetivo es crear una vía legal específica para captar fondos y realizar las divulgaciones correspondientes, en lugar de obligar a resolver cada caso únicamente a partir de las categorías tradicionales.
La CFTC ganaría un papel mucho mayor en el mercado spot
Para los llamados digital commodities, la CFTC pasaría a ocupar el centro del mercado estadounidense al contado.
El texto le concede autoridad regulatoria sobre las operaciones spot de estos activos realizadas en o a través de intermediarios que deben registrarse ante la CFTC. También crea categorías específicas para exchanges de commodities digitales, brókers, dealers y custodios.
Eso no significa «la SEC deja de regular cripto y todo pasa a la CFTC». La SEC seguiría teniendo competencias sobre valores, contratos de inversión, determinadas operaciones de emisión, fraude dentro de su jurisdicción y otros ámbitos.
CLARITY intenta repartir competencias, no sustituir un regulador por otro.
Ojo con la «mature blockchain»: muchos artículos ya explican una versión antigua
Este es uno de los puntos donde más fácil es terminar leyendo información desfasada.
La versión aprobada por la Cámara en 2025 utilizaba expresamente el concepto de mature blockchain system: una red podía certificar que había alcanzado determinados niveles de madurez y ausencia de control central. El texto aparecía incluso como una sección específica de la ley.
El último sustitutivo preparado en el Senado cambió significativamente esa arquitectura. El marco gira ahora alrededor de conceptos como network token, ancillary asset y coordinated control, junto con la Regulation Crypto y el nuevo régimen de la CFTC.
Por eso, si encuentras una explicación que reduce toda la CLARITY Act a «cuando una blockchain se vuelve suficientemente descentralizada, el token pasa de la SEC a la CFTC», estás leyendo como mínimo una descripción incompleta del texto que llegó al Senado en septiembre de 2026.
Además, ese cambio tiene una consecuencia legislativa importante: el Senado no estaba trabajando simplemente con el mismo texto que ya había aprobado la Cámara. Si acabara aprobando una versión modificada, ambas cámaras tendrían que terminar acordando un mismo texto antes de que pudiera convertirse en ley.
Qué cambiaría para los exchanges de criptomonedas
Una de las consecuencias más tangibles sería la creación de un régimen federal específico para determinados intermediarios del mercado spot.
Un exchange de criptomonedas que opere como mercado de digital commodities en Estados Unidos podría tener que registrarse ante la CFTC y cumplir requisitos relativos a:
- admisión de activos a negociación;
- vigilancia del mercado;
- conflictos de interés;
- recursos financieros;
- custodia;
- segregación de activos de clientes;
- información al usuario;
- prevención del fraude y manipulación;
- controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El texto también exigiría un proceso de certificación para listar digital commodities. No sería simplemente «el exchange decide que este token es una commodity y lo añade». La CFTC dispondría de facultades para revisar esas certificaciones.
Esto podría dar a las plataformas una ruta regulatoria más predecible, pero también elevaría sus costes de cumplimiento. La claridad jurídica y la regulación más ligera no son sinónimos.
Y tampoco desaparecería la diferencia entre CEX y DEX. Precisamente uno de los esfuerzos del proyecto consiste en distinguir qué actores controlan realmente un servicio y cuáles se limitan a proporcionar software o infraestructura.
DeFi: protección para el código, pero no una exención general
La parte dedicada a DeFi es bastante más matizada de lo que sugiere decir simplemente «CLARITY protege las finanzas descentralizadas».
El texto introduce protecciones para ciertos desarrolladores no controladores, validadores y participantes que realizan funciones puramente técnicas. También incorpora una versión de la Blockchain Regulatory Certainty Act para evitar que alguien que desarrolla software, pero no controla las transacciones de los usuarios, sea tratado automáticamente como un transmisor de dinero.
Asimismo, el Keep Your Coins Act incluido en el texto impediría que una agencia federal prohíba a una persona utilizar una wallet de autocustodia para fines lícitos.
Pero hay una frontera importante: tener un protocolo con smart contracts no basta para quedar fuera de regulación.
Las últimas revisiones contemplaban expresamente obligaciones para protocolos DeFi considerados no descentralizados cuando exista control, discrecionalidad o capacidad práctica para alterar o censurar su funcionamiento. También se prevén reglas específicas de gestión del riesgo cuando intermediarios regulados canalizan operaciones a través de DeFi.
Dicho de otra forma: el proyecto intenta diferenciar entre crear infraestructura neutral y operar de hecho un intermediario financiero a través de software.
Stablecoins: CLARITY no es la ley principal que las regula
Otra confusión frecuente consiste en atribuir a la CLARITY Act todo el marco estadounidense de stablecoins. No es así.
El marco federal específico para los emisores de payment stablecoins nació con la GENIUS Act, promulgada en julio de 2025. La CLARITY Act se cruza con ese régimen, pero su último texto se concentra en otros problemas, especialmente en las recompensas que pueden ofrecer terceros sobre saldos de stablecoins.
El sustitutivo del Senado impediría que determinados proveedores pagasen al usuario un rendimiento pasivo sobre su saldo de una stablecoin cuando sea económicamente equivalente al interés de un depósito. Al mismo tiempo, permite contemplar recompensas vinculadas a actividad o transacciones genuinas.
También otorgaría al Tesoro una herramienta adicional para intervenir si ese tipo de remuneración provocase un impacto sustancialmente perjudicial sobre los depósitos de bancos comunitarios.
Es una distinción pequeña sobre el papel, pero enorme comercialmente: tener USDC en una plataforma y cobrar simplemente por mantenerlo no es lo mismo que obtener una recompensa vinculada a pagar, operar o realizar otra actividad concreta.
Y, como siempre con stablecoins, una regulación más clara tampoco convierte el activo en un depósito bancario ni elimina el riesgo de emisor, contraparte o depeg.
Los bancos también entrarían más claramente en el tablero
La CLARITY Act no está pensada solo para empresas nacidas dentro del ecosistema cripto.
El último texto declara expresamente que bancos y determinadas entidades financieras pueden realizar actividades con activos digitales cuando encajen dentro de actividades que ya están autorizadas a desempeñar. Incluye áreas como custodia, utilización de tecnología de registro distribuido, determinadas operaciones de trading y préstamos garantizados con activos digitales.
Para el sector, esto podría reducir la fricción jurídica que encuentran entidades tradicionales a la hora de ofrecer infraestructura cripto.
La otra cara es que una mayor presencia bancaria no convierte automáticamente los criptoactivos en productos bancarios protegidos. Custodiar BTC para un cliente sigue siendo algo distinto a recibir un depósito en euros.
Y tokenizar una acción no la convierte en una commodity
Esta aclaración merece sección propia porque evita un error conceptual bastante serio.
El último texto establece expresamente que un valor tokenizado sigue siendo un valor. Poner una acción, un bono u otro instrumento financiero sobre una blockchain no borra la naturaleza jurídica del activo que representa.
Esto marca uno de los límites de la CLARITY Act: el proyecto intenta crear reglas específicas para activos nativos de redes blockchain, pero no convierte automáticamente todo lo que circula por una blockchain en un digital commodity. Tecnología y naturaleza jurídica son dos capas distintas.
Cómo podría afectar la CLARITY Act al sector cripto
Si finalmente se promulgase una versión similar al último sustitutivo del Senado, los cambios no afectarían a todos por igual.
| Parte del ecosistema | Cambio potencial | El matiz importante |
|---|---|---|
| Proyectos y emisores de tokens | Nueva vía de divulgación y emisión mediante Regulation Crypto | Más claridad no significa ausencia de obligaciones ante la SEC |
| Exchanges centralizados | Registro y supervisión específica de la CFTC para mercados spot de digital commodities | Aumentan también requisitos de custodia, conflictos, AML y protección al cliente |
| Altcoins | Un marco legal más explícito para distinguir emisión, token y negociación secundaria | No supone que todas las altcoins pasen automáticamente a ser commodities |
| DeFi | Protecciones para ciertos desarrolladores y actividades puramente técnicas | Los servicios con control efectivo pueden seguir sujetos a regulación |
| Custodia | Reglas más claras sobre segregación y propiedad del cliente | Ningún régimen elimina por completo el riesgo de contraparte |
| Stablecoins | Límites al interés pasivo pagado por terceros y reglas sobre determinadas recompensas | La regulación principal del emisor procede de la GENIUS Act |
| Bancos | Mayor claridad para custodia y otras actividades con activos digitales | Entrada institucional no equivale a garantía sobre el precio |
| Valores tokenizados | Mayor reconocimiento operativo de la tokenización | Jurídicamente siguen siendo valores |
Para un proyecto que quiere lanzar un token en Estados Unidos, el cambio más relevante sería probablemente saber con mayor antelación qué información debe publicar y qué regulador interviene en cada etapa.
Para un exchange, el cambio sería diferente: una vía más definida para listar determinados activos y operar el mercado spot, acompañada de obligaciones federales más específicas.
Y para el inversor, el efecto más visible podría llegar a través de cambios en qué tokens se listan, qué productos ofrecen los exchanges, cómo se custodian los activos y qué información recibe antes de comprar.
Lo que la CLARITY Act no haría
Tan importante como entender sus efectos es saber lo que no puede deducirse del proyecto.
No «legalizaría Bitcoin». Bitcoin no necesita que esta ley lo convierta mágicamente en un activo legal.
No declararía todas las criptomonedas commodities. El texto mantiene diferentes categorías y competencias regulatorias.
No eliminaría a la SEC del mercado cripto. Seguiría desempeñando un papel relevante en valores, contratos de inversión, determinadas distribuciones y protección frente a fraude.
No convertiría un token en una buena inversión. Que un activo tenga un encaje regulatorio más claro no dice nada sobre su valoración, tokenomics, liquidez o utilidad.
No impediría quiebras, hacks o pérdidas. Las normas de custodia y protección del cliente pueden reducir determinados riesgos, pero no los hacen desaparecer. Los riesgos de invertir en criptomonedas siguen existiendo con o sin una legislación de estructura de mercado.
Y tampoco puede afirmarse que la aprobación de una ley así vaya a provocar una subida determinada de Bitcoin o del mercado. La regulación es un factor más entre liquidez, tipos de interés, demanda, apalancamiento, flujos institucionales y expectativas.
Cómo afecta la CLARITY Act a alguien que invierte desde España
Aquí conviene separar influencia de jurisdicción.
La CLARITY Act es estadounidense. No sustituye a MiCA ni cambia por sí sola las normas aplicables a un proveedor que ofrece servicios en España.
MiCA es un Reglamento de la Unión Europea directamente aplicable en los Estados miembros. Sus disposiciones generales comenzaron a aplicarse el 30 de diciembre de 2024, mientras que las relativas a fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico lo hicieron desde el 30 de junio de 2024.
Por tanto, para un usuario español:
- que Estados Unidos clasifique un activo de determinada manera no modifica automáticamente su tratamiento europeo;
- una autorización estadounidense no sustituye las obligaciones que tenga una empresa bajo MiCA para prestar servicios en la UE;
- las protecciones previstas por una ley estadounidense no se trasladan automáticamente a un cliente español;
- la fiscalidad española tampoco cambia porque la SEC o la CFTC modifiquen el tratamiento de un token.
La influencia indirecta sí puede ser importante.
Estados Unidos concentra grandes bolsas, custodios, emisores, proveedores tecnológicos e instituciones financieras. Si el marco regulatorio modifica los activos que pueden listar determinadas plataformas, el acceso de los bancos a la custodia, las condiciones de una emisión o los productos relacionados con stablecoins, esas decisiones pueden terminar afectando a la liquidez y disponibilidad global de ciertos productos cripto.
Ahí está la diferencia esencial: MiCA determina gran parte de las reglas que te afectan directamente en España; CLARITY puede alterar la estructura del mercado global en el que operan esas empresas y activos.
Por qué la CLARITY Act sigue siendo controvertida
Hay dos debates diferentes y conviene no mezclarlos.
Quienes apoyan el proyecto sostienen que una división legal más precisa entre SEC y CFTC reduciría incertidumbre, establecería obligaciones federales para intermediarios y permitiría que empresas y consumidores supieran qué reglas aplicar. Los defensores del texto también destacan los requisitos contra el fraude, blanqueo, manipulación y abuso de fondos de clientes.
Entre los críticos y varios senadores que participaron en las negociaciones se han planteado preocupaciones sobre protección del inversor, integridad del mercado, financiación ilícita, conflictos de interés y reglas éticas para cargos públicos. Otros actores, especialmente organizaciones bancarias, han centrado sus objeciones en el posible efecto de las recompensas de stablecoins sobre los depósitos bancarios.
El texto final publicado antes de la votación incorporó cambios precisamente en varias de esas áreas: nuevas disposiciones éticas, mayor intervención de fiscales generales estatales, modificaciones sobre stablecoins y ajustes a las protecciones para desarrolladores.
Eso ayuda a entender por qué hablar de «la CLARITY Act» como si hubiese existido un único texto invariable desde 2025 puede inducir a error. La propuesta ha cambiado considerablemente durante su paso por el Congreso.
Qué tendría que ocurrir antes de que cambie realmente el mercado
Incluso una futura votación favorable en el Senado no convertiría instantáneamente todas estas propuestas en normas aplicables.
El camino legislativo todavía exigiría resolver varios pasos: consideración y aprobación en el Senado, acuerdo sobre un texto idéntico entre Cámara y Senado si existen diferencias y promulgación presidencial.
Después vendría otra etapa que recibe mucha menos atención: la implementación por los reguladores.
El último texto asigna a la SEC, CFTC, Tesoro, FinCEN y otras agencias numerosas tareas de desarrollo normativo. Además, establece como regla general una entrada en vigor 360 días después de la promulgación; cuando una disposición necesite regulación de desarrollo, el plazo puede extenderse hasta después de publicarse la norma correspondiente.
Es decir, incluso si la CLARITY Act terminase convirtiéndose en ley, no existiría un botón que al día siguiente reclasificase todo el mercado.
Ese quizá sea el punto más útil para interpretar los titulares: CLARITY importa porque intenta construir la arquitectura jurídica estadounidense para el mercado cripto, no porque garantice una subida de precios ni porque vaya a resolver de golpe todos los problemas regulatorios.
Para un lector en España, yo vigilaría especialmente cuatro consecuencias prácticas si el proceso legislativo vuelve a avanzar: las reglas de listado de tokens en EE. UU., el tratamiento de DeFi, las restricciones sobre recompensas de stablecoins y la entrada de bancos tradicionales en custodia y negociación de activos digitales. Son las áreas con más capacidad para acabar cruzando el Atlántico a través de productos, liquidez y decisiones empresariales, aunque nuestras reglas sigan siendo europeas.
Aviso: este contenido tiene fines informativos y no constituye asesoramiento legal, fiscal ni financiero.
