Qué ha dicho Novogratz y dónde está realmente la ley
El fundador y consejero delegado de Galaxy Digital sostuvo en el pódcast All Things Markets que los legisladores podrían cerrar un compromiso sobre las restricciones éticas aplicables a cargos públicos. Según la información publicada sobre la conversación, Novogratz también cree que el proyecto podría reunir los 60 votos necesarios para avanzar en el Senado y someterse a votación durante agosto. Por ahora, se trata de una previsión personal, no de un calendario legislativo confirmado.
La Cámara de Representantes sí aprobó la Ley CLARITY el 17 de julio de 2025, con 294 votos a favor y 134 en contra. El proyecto avanzó posteriormente en el Comité Bancario del Senado, que dio luz verde a su versión el 14 de mayo de 2026 por 15 votos frente a 9. Ese paso permitió trasladar el texto al pleno, pero no equivale a la aprobación definitiva.
A cierre del 30 de julio, el registro oficial de votaciones del Senado no mostraba ninguna votación del pleno sobre la Ley CLARITY. La diferencia es importante: la norma ha superado fases relevantes, pero todavía no es ley federal ni existe una fecha oficial de promulgación.
El conflicto ético sigue bloqueando el acuerdo
Uno de los principales obstáculos es cómo limitar las operaciones con criptomonedas de altos cargos, legisladores y sus familiares. La discusión ha ganado peso por los posibles conflictos de interés cuando quienes diseñan las reglas también mantienen inversiones o negocios vinculados al sector.
La senadora demócrata Elizabeth Warren rechazó una propuesta presentada desde la Casa Blanca al considerar que dejaba lagunas relevantes. También ha criticado que el proyecto debilite determinadas protecciones para los inversores y limite la capacidad de actuación de los reguladores. Estas objeciones explican por qué el apoyo bipartidista sigue sin estar garantizado.
Los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego remitieron el 30 de julio una nueva propuesta de compromiso ético a la Casa Blanca. No obstante, la negociación seguía abierta y el proyecto aún no contaba con los 60 votos que previsiblemente necesitaría para superar los obstáculos de procedimiento. El calendario también es ajustado, porque el receso previsto del Senado comienza el 7 de agosto.
Conviene separar, por tanto, el optimismo de Novogratz de los datos legislativos. Incluso dentro de Galaxy Digital existen lecturas más prudentes: Alex Thorn, responsable de investigación de la firma, había reducido al 30% su estimación de que la ley pudiera aprobarse durante 2026. Una previsión política puede servir para entender las expectativas del sector, pero no sustituye una votación.
Qué cambiaría la Ley CLARITY para el mercado cripto
La propuesta pretende establecer con mayor precisión cuándo un criptoactivo o una actividad queda bajo la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores —la SEC— y cuándo corresponde a la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas —la CFTC—. También contempla reglas de registro, transparencia, prevención del fraude y obligaciones para determinados intermediarios.
Para exchanges, emisores de tokens y empresas que prestan servicios en Estados Unidos, esta división podría reducir parte de la incertidumbre sobre qué regulador supervisa cada actividad. Eso no significa que todos los activos vayan a recibir el mismo tratamiento ni que una clasificación regulatoria elimine los riesgos de mercado, custodia o contraparte.
La norma también podría influir indirectamente en las decisiones de bancos, fondos y empresas internacionales que operan con clientes estadounidenses. Una mayor claridad facilita diseñar productos y evaluar costes jurídicos, pero el resultado dependerá del texto definitivo, las normas posteriores de los reguladores y las posibles excepciones.
Para un lector español, el efecto sería principalmente indirecto. La Ley CLARITY sería una norma estadounidense y no sustituiría el marco europeo. En España conviene diferenciar este debate de qué es MiCA y cómo afecta a tus criptomonedas y de la regulación de criptomonedas aplicable en España.
Las plataformas internacionales podrían adaptar sus productos globales después de una reforma estadounidense, pero cualquier cambio para residentes en España debe comprobarse en la entidad contractual, las condiciones del servicio y las autorizaciones europeas correspondientes. Estar regulado en un país no convierte automáticamente un producto en disponible o autorizado en otro.
Agosto podría traer una votación, no la entrada en vigor
La afirmación de que la Ley CLARITY entraría en vigor en agosto no está respaldada por el texto legislativo actual. El borrador del Senado establece, como regla general, una fecha efectiva de 360 días después de la promulgación. Las disposiciones que necesitan normas de desarrollo comenzarían incluso más tarde: al cumplirse esos 360 días o 60 días después de publicarse la regulación definitiva, según cuál sea la fecha posterior.
Aunque el Senado aprobara su versión durante agosto, todavía podría ser necesario conciliarla con el texto de la Cámara de Representantes, someter el acuerdo final a nuevas votaciones y obtener la firma presidencial. Agosto sería, en el mejor de los casos, un posible hito político, no la fecha automática de aplicación de todo el marco.
La clave para el mercado no está en una predicción aislada, sino en comprobar si aparece una votación oficial, qué acuerdo ético se incorpora, cuántos senadores lo respaldan y qué texto termina promulgándose. Hasta entonces, la Ley CLARITY sigue siendo una propuesta avanzada, pero no una norma en vigor.
Quien compare plataformas por los posibles efectos de la regulación debe revisar por separado jurisdicción, custodia, comisiones y disponibilidad real. Un comparador de exchanges de criptomonedas puede ayudar a ordenar esas diferencias, pero una reforma estadounidense no elimina los riesgos propios de mantener fondos en una plataforma.
