No es una orden aislada del FMI: es una condición del programa de crédito
La idea de que el Fondo Monetario Internacional ha “ordenado” ahora a El Salvador dejar de comprar Bitcoin simplifica demasiado lo ocurrido. La restricción forma parte del acuerdo de 40 meses aprobado el 26 de febrero de 2025, que da al país acceso a unos 1.400 millones de dólares. En ese programa, las autoridades se comprometieron a no aumentar voluntariamente las tenencias de Bitcoin del sector público, una definición que incluye las compras y la minería.
La novedad es que el Directorio Ejecutivo del FMI completó el 1 de octubre de 2026 la segunda y tercera revisión del programa y dejó disponible un desembolso inmediato de unos 138 millones de dólares. El propio Fondo reconoce que algunos criterios de desempeño no se cumplieron, incluido el relativo a la acumulación de Bitcoin, pero concedió dispensas por las medidas correctivas y los compromisos renovados de las autoridades.
El mensaje hacia delante es más importante que el matiz jurídico: el FMI afirma que no se prevé una nueva acumulación de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas. Eso no equivale a prohibir que El Salvador siga poseyendo su reserva ni supone una orden pública de venderla de inmediato. Para quien quiera separar el activo de la narrativa política, nuestra guía sobre cómo invertir en Bitcoin y qué riesgos revisar explica las diferencias entre poseer BTC, custodiarlo y asumir exposición a su precio.
La reserva sigue creciendo, pero el FMI dice que no es con dinero público
Aquí está el punto que puede confundir al lector. El FMI sostiene que la acumulación de Bitcoin registrada desde la primera revisión del programa, concluida el 27 de junio de 2025, procede de donaciones privadas y no utilizó recursos públicos. Sin embargo, el organismo no identifica públicamente a esos donantes ni desglosa cada una de las entradas recibidas.
Las direcciones utilizadas para seguir la reserva salvadoreña continuaron mostrando aumentos. Maketo, que contabiliza los BTC de las direcciones publicadas por el Gobierno, situaba la posición en unos 7.795 BTC a comienzos de octubre, frente a 7.766 BTC un mes antes. Bitcoin se movía alrededor de los 85.000-86.000 dólares el 6 de octubre, por lo que esa reserva tenía un valor de mercado superior a 660 millones de dólares.
Eso obliga a matizar el titular. La blockchain puede demostrar que determinados BTC entraron en unas direcciones, pero no permite saber por sí sola quién los pagó ni si una entrada fue una compra o una donación. Además, el saldo publicado siguió variando después del anuncio del FMI, sin un desglose público que permita atribuir individualmente cada movimiento. Por eso, la formulación más sólida es hablar del fin de las compras financiadas con recursos públicos, no de una reserva congelada.
El impacto directo sobre el precio de Bitcoin parece pequeño
Desde el punto de vista del mercado, dejar de destinar dinero público a una política equivalente a un Bitcoin diario tiene un impacto mecánico reducido. A los precios actuales estaríamos hablando de alrededor de 85.000 dólares diarios, frente a un activo cuya capitalización rondaba los 1,7 billones de dólares y cuyo volumen diario se medía en decenas de miles de millones. No hay datos que permitan atribuir los movimientos recientes del precio a la decisión del FMI.
La importancia de la noticia está más en la política financiera que en la liquidez. El Salvador fue el primer país en situar Bitcoin en el centro de una estrategia estatal y ahora está reduciendo parte de esa exposición para mantener un programa de financiación multilateral. Esto no modifica las reglas de la red Bitcoin, su oferta ni la capacidad de un inversor privado para comprar o custodiar BTC. Sí muestra que una estrategia soberana con criptoactivos puede quedar condicionada por objetivos fiscales, transparencia y acceso a financiación internacional.
Chivo, las donaciones y la transparencia son ahora los puntos a vigilar
También conviene separar la reserva nacional de Chivo Wallet. El FMI ha confirmado que la participación pública en la billetera se está reduciendo y que la propiedad mayoritaria y el control operativo han pasado a un operador privado, mientras el Gobierno mantiene una participación minoritaria y responsabilidades de custodia sobre activos de clientes. Eso no es lo mismo que afirmar que toda la reserva nacional de Bitcoin haya sido transferida al operador.
Para el inversor, una decisión de este tipo puede cambiar la narrativa sin alterar necesariamente los fundamentos del activo. Antes de reaccionar a un titular político, conviene revisar el tamaño real de la posición, el origen de los fondos, la liquidez y el horizonte temporal. Nuestra guía de gestión de riesgo en criptomonedas profundiza precisamente en esa diferencia.
El dato que sigue abierto es la transparencia. El FMI da por documentado que las entradas recientes proceden de donaciones privadas, pero no ha publicado la identidad de los donantes ni el detalle individual de esas operaciones. Mientras esa información no sea pública, lo prudente es hablar de fin de las compras públicas de Bitcoin, no del fin absoluto de cualquier aumento en la reserva salvadoreña.
