El fondo de la historia sí está documentado. Novogratz, fundador y consejero delegado de Galaxy Digital, declaró a Vanity Fair el 17 de marzo de 2026 que probablemente era la única persona relevante del sector que no había votado a Donald Trump. También defendió que las criptomonedas dejen de ser un asunto partidista y reclamó reglas claras para que la industria pueda innovar.
Su posición refleja una contradicción que el mercado no debería ignorar. Trump ha impulsado un entorno mucho más favorable para las empresas cripto, pero la coincidencia entre ese cambio regulatorio y los intereses económicos de su familia plantea preguntas que van más allá del precio de Bitcoin.
La relajación regulatoria no fue solo un discurso
La Casa Blanca formalizó el cambio el 23 de enero de 2025 mediante una orden ejecutiva destinada a convertir Estados Unidos en un centro mundial de innovación en activos digitales. El documento defendía frenar lo que la Administración calificaba como acciones de cumplimiento excesivamente agresivas y reducir las barreras regulatorias para el sector.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, creó ese mismo mes un grupo de trabajo para desarrollar un marco más claro. Poco después retiró su demanda contra Coinbase, aunque precisó que la decisión no suponía pronunciarse sobre el fondo del caso. En marzo de 2026, la SEC y la CFTC publicaron además una interpretación conjunta para aclarar cómo aplicar las leyes federales a diferentes criptoactivos y transacciones.
El Departamento de Justicia siguió una dirección parecida. En abril de 2025 ordenó poner fin a la denominada “regulación mediante procesos penales” y desmanteló su unidad especializada en cumplimiento relacionado con criptomonedas. El departamento mantuvo como prioridad los fraudes, el terrorismo, el narcotráfico y otros usos criminales, pero redujo la persecución de plataformas o desarrolladores por infracciones regulatorias indirectas.
Para las empresas, esto ha significado menos incertidumbre jurídica y una interlocución más favorable con Washington. Para el usuario, sin embargo, una menor presión supervisora no equivale automáticamente a mayor protección. Una norma clara puede facilitar que una compañía opere; una aplicación débil de esa norma puede dejar más riesgos sin detectar.
El conflicto aparece cuando quien regula también hace negocio
La segunda cara está en los intereses privados vinculados al presidente. La familia Trump ha participado en World Liberty Financial, en el lanzamiento del token $TRUMP y en diferentes acuerdos entre Trump Media y compañías del sector. La existencia de estos negocios está confirmada; lo que se discute es hasta qué punto pueden influir, directa o indirectamente, en las decisiones políticas y regulatorias.
Una investigación de Associated Press analizó el caso de Crypto.com. La empresa había sido investigada por la SEC, aumentó posteriormente sus donaciones a comités políticos relacionados con Trump y terminó asociándose con Trump Media después de que la investigación fuera archivada. Expertos jurídicos y de ética pública consultados por AP consideraron que la secuencia planteaba un posible conflicto de interés. Crypto.com negó que sus actividades políticas estuvieran relacionadas con la decisión de la SEC, y la Casa Blanca sostuvo que Trump había adoptado las medidas necesarias para evitar conflictos.
El problema también ha llegado al Congreso. En julio de 2026, las negociaciones sobre la legislación estadounidense de estructura de mercado cripto incluían discusiones sobre límites a las actividades con activos digitales de altos cargos públicos. Los negocios de Trump se habían convertido en uno de los principales obstáculos políticos para alcanzar un acuerdo entre republicanos y demócratas.
Aquí conviene utilizar las palabras con precisión. “Corrupción” es una acusación política y una valoración ética muy grave, no un hecho que pueda darse por probado sin una resolución judicial, administrativa o parlamentaria concluyente. Lo confirmado son los intereses económicos, los cambios regulatorios y las advertencias sobre posibles conflictos. La relación irregular entre unos y otros debe demostrarse, no suponerse.
Qué significa para quien invierte o utiliza criptomonedas
Una regulación más favorable puede facilitar el acceso bancario, el lanzamiento de productos, la entrada de empresas tradicionales y la definición jurídica de determinados tokens. También puede reducir el riesgo de que una compañía reciba una demanda por operar dentro de un marco que antes resultaba ambiguo.
Pero la protección del inversor depende tanto de las reglas como de su aplicación. Si disminuyen las investigaciones, las sanciones o la supervisión, el usuario debe prestar todavía más atención a quién emite un token, cómo se custodian los fondos, qué información financiera existe y qué relación mantiene el proyecto con sus promotores.
Los criptoactivos vinculados a figuras políticas añaden riesgos específicos. Su precio puede depender de popularidad, acceso institucional, decisiones gubernamentales o expectativas electorales. Eso no demuestra que exista manipulación, pero sí introduce incentivos y conflictos que no aparecen del mismo modo en Bitcoin, Ethereum o proyectos sin una conexión directa con un cargo público.
Tampoco debe trasladarse automáticamente el giro estadounidense a España. MiCA entró plenamente en aplicación en la Unión Europea el 30 de diciembre de 2024 y, tras finalizar el periodo transitorio español el 1 de julio de 2026, los proveedores que operan en España deben contar con la autorización correspondiente de la CNMV o de otra autoridad europea competente. La propia CNMV recuerda que estar autorizado no elimina la volatilidad, el riesgo tecnológico ni la posibilidad de perder el dinero invertido.
La cita de Novogratz necesita una comprobación adicional
Las declaraciones de Novogratz disponibles públicamente confirman su incomodidad con la politización del sector, su distancia respecto a Trump y su defensa de una regulación clara y bipartidista. Sin embargo, no se ha localizado una entrevista, vídeo, transcripción o publicación original que confirme literalmente la expresión sobre el “arma de doble filo”, la relajación regulatoria y la corrupción.
Hasta encontrar esa fuente, la frase no debería publicarse entre comillas ni convertirse en una declaración textual. Sí puede utilizarse como punto de partida editorial, siempre que se presente como una formulación atribuida y que el análisis posterior se apoye en hechos comprobados.
La clave para el lector no está en decidir si Trump es simplemente favorable o contrario a las criptomonedas. Está en separar tres elementos distintos: una regulación más clara, una supervisión menos intensa y los intereses económicos de quienes diseñan las reglas. Los tres pueden avanzar al mismo tiempo, pero sus consecuencias para la confianza y la protección del usuario no son las mismas.